El juzgado de lo Social 35 de Madrid ha anulado un acuerdo previo entre el Gobierno anterior de Alcalá de Henares y varios sindicatos que había establecido condiciones de trabajo discriminatorias para el personal laboral del Ayuntamiento. La situación afectaba a los trabajadores que provenían de los programas de inserción laboral (PIL), quienes recibían salarios más bajos que sus compañeros.
El despacho de abogados Reivindicate, en colaboración con la Confederación General del Trabajo (CGT), ha sido clave en este proceso legal. La sentencia, que todavía puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, podría implicar que el Ayuntamiento tenga que pagar más de 4.5 millones de euros a más de 800 trabajadores.
El conflicto se originó en julio de 2020 cuando el Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares por contratar a trabajadores que recibían salarios inferiores a los establecidos en el convenio colectivo. En ese momento, el Supremo destacó que el Ayuntamiento no tenía una norma o acuerdo que respaldara los salarios más bajos que se estaban pagando a estos trabajadores.
En respuesta a esta sentencia del Supremo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, bajo la administración del PSOE, publicó un Acuerdo de Condiciones de Trabajo de Personal Laboral que sostenía salarios más bajos para los trabajadores procedentes de los PIL. Sin embargo, el acuerdo contó con el respaldo de los sindicatos UGT, CSIF y CPPM.
Posteriormente, el despacho de abogados Reivindicate y la CGT presentaron una demanda en nombre de 12 trabajadoras afectadas. El juzgado de lo Social número 21 de Madrid emitió una sentencia favorable, ratificada luego por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que implicó que el Ayuntamiento debía pagar más de 95,000 euros a estas trabajadoras.
A pesar de estas sentencias, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares continuó aplicando el acuerdo que establecía salarios más bajos a los trabajadores contratados en el marco de los programas PIL. La situación llegó a un punto crítico, y la CGT presentó una demanda de conflicto colectivo que llevó a la anulación del acuerdo por el juzgado de lo Social 35 de Madrid.
Esta sentencia supone un revés significativo para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ya que significa que todos los trabajadores contratados en el marco de los programas PIL podrían reclamar la diferencia salarial no abonada por el Ayuntamiento. En total, más de 800 trabajadores podrían verse afectados, lo que se traduce en una deuda del Consistorio de más de 4.5 millones de euros hacia sus empleados.
La concejala de Personal, Orlena de Miguel, atribuyó la situación a la mala gestión del Partido Socialista durante los ocho años de Gobierno anterior. Por otro lado, el Gobierno actual, compuesto por el Partido Popular y Vox, aprobó nuevos programas PIL en una junta de Gobierno Local celebrada en octubre.
